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Acoso escolar en España: lo que dice la ley, lo que dicen los tribunales y qué puedes hacer

El bullying no es una pelea de niños. Es, en muchos casos, un delito. Y en España los tribunales empiezan a tratarlo como tal.

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Acoso escolar en España: lo que dice la ley, lo que dicen los tribunales y qué puedes hacer

El bullying no es una pelea de niños. Es, en muchos casos, un delito. Y en España los tribunales empiezan a tratarlo como tal: con condenas, indemnizaciones y responsabilidades civiles que alcanzan no solo al acosador, sino también a sus padres y al propio centro educativo.

En este artículo explicamos el marco legal completo, los casos reales más relevantes de 2024 y 2025, y los pasos concretos que puedes dar si tú o tu hijo estáis viviendo una situación de acoso escolar.

Qué es legalmente el acoso escolar

La Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) —la norma más importante en esta materia— define el acoso escolar como una forma de violencia contra menores e incluye expresamente el ciberacoso dentro de esa definición.

La definición más detallada proviene de la legislación gallega (Ley 4/2011): cualquier forma de vejación o maltrato continuado en el tiempo —verbal, físico o psicológico, incluido el aislamiento social— con independencia del lugar donde ocurra. El acoso a través de medios digitales tiene la misma consideración legal que el presencial.

Los elementos que los tribunales exigen para hablar de acoso escolar son cuatro:

  • Desequilibrio de poder entre acosador y víctima
  • Intencionalidad de amedrentar o intimidar
  • Reiteración en el tiempo (no vale un incidente aislado)
  • Daño a la integridad moral o física de la víctima

El Código Penal: qué delitos se aplican

El acoso escolar no tiene un tipo penal propio en España. Los tribunales encuadran las conductas en distintos artículos según la gravedad:

Artículo 173.1 CP — Trato degradante (el más habitual) Castiga con prisión de 6 meses a 2 años a quien inflige a otra persona un trato degradante que menoscabe gravemente su integridad moral. Es el tipo penal más usado en casos de bullying continuado.

Artículo 172 ter CP — Acoso o stalking Introducido en 2015 y ampliado en 2022. Cubre el hostigamiento reiterado que altera la vida cotidiana de la víctima. Cuando la víctima es menor de edad —especialmente vulnerable— la pena se eleva a 6 meses-2 años.

Artículo 172 ter.5 CP — Perfiles falsos Desde 2022, usar la imagen de alguien sin su consentimiento para crear perfiles falsos en redes sociales y ocasionarle situaciones de acoso es delito independiente, con pena de hasta 1 año de prisión.

Además, según las circunstancias, pueden concurrir delitos de lesiones, amenazas, coacciones, injurias o revelación de secretos.

La LOPIVI: la norma que obliga a los colegios a actuar

El artículo 34 de la LOPIVI establece que todos los centros educativos —públicos, concertados y privados— están obligados a tener protocolos de actuación contra el acoso escolar y a activarlos ante la mera comunicación de los hechos.

Esos protocolos deben:

  • Iniciarse sin necesidad de pruebas previas, con la comunicación del menor o sus padres como único requisito
  • Contemplar actuaciones específicas para el ciberacoso
  • Coordinarse con los ámbitos sanitario, policial y judicial
  • Incluir medidas específicas cuando el acoso tenga motivación discriminatoria (discapacidad, orientación sexual, identidad de género, racismo...)

Si el centro no activa el protocolo, esa omisión tiene consecuencias legales directas.

Responsabilidad civil: quién paga y cuánto

Los padres del acosador

El artículo 61.3 de la Ley Orgánica 5/2000 (LORPM) establece la responsabilidad civil solidaria de los padres por los daños causados por sus hijos menores. En la práctica, en todos los casos analizados por los tribunales en 2024 y 2025, los padres han respondido solidariamente junto al menor.

El centro educativo

La responsabilidad del centro varía según su titularidad:

  • Centros privados y concertados: responden por el artículo 1903.5 del Código Civil (responsabilidad cuasi-objetiva por culpa in vigilando). Se presume su culpa; es el centro quien debe probar que actuó con la diligencia debida.
  • Centros públicos: la vía es la responsabilidad patrimonial de la Administración (artículos 32-35 de la Ley 40/2015 y artículo 106.2 de la Constitución).
  • Vía penal (cualquier centro): responsabilidad subsidiaria del artículo 120.3 CP cuando el centro ha infringido protocolos o normativa de convivencia.

El centro no responde si el hecho fue aislado y puntual, si activó el protocolo de inmediato y adoptó medidas de seguimiento efectivas.

Casos reales: lo que están diciendo los tribunales en 2024-2025

IES público de Ibiza — 20.000 € de indemnización

(STSJ Baleares, julio 2025)

Un alumno de 12 años sufrió acoso durante dos cursos completos: insultos, agresiones físicas grabadas en vídeo y difundidas por WhatsApp, consecuencias psicológicas graves. El instituto tardó más de un año en activar el protocolo, confundió a la víctima con el agresor, no informó a la Inspección Educativa y adoptó solo medidas ocasionales sin seguimiento.

La Conselleria d'Educació fue condenada a pagar 20.000 euros por daño moral.

Colegio concertado de Ourense — Acoso LGTBI, 50.000 € reclamados

(SAP Ourense, julio 2025)

Una menor sufrió acoso por su orientación sexual desde 2021. Los padres comunicaron formalmente la situación en octubre de 2022. El centro no inició el protocolo hasta abril de 2023, tras un intento de autolesión. La Audiencia Provincial abrió el camino para juzgar la responsabilidad del centro por la demora de seis meses.

Caso Almería — Perfil falso + trato vejatorio, 10.000 €

(SAP Almería, septiembre 2024)

Cuatro menores sometieron a una compañera a insultos continuados y crearon una cuenta falsa de Instagram para humillarla. La víctima desarrolló estrés postraumático. Condena: 10.000 euros (2.500 € por acosador), solidariamente con sus padres.

Caso Pontevedra — Ciberacoso con intento autolítico, 7.642 € por víctima

(SAP Pontevedra, octubre 2023)

Acoso presencial y por redes sociales (insultos sexuales, patadas, empujones). Las víctimas dejaron de asistir al colegio y precisaron tratamiento psiquiátrico. Condena: 7.642 euros por víctima, que incluían daños por curación y secuelas.

Qué hacer si tu hijo sufre bullying: pasos concretos

1. Documenta todo desde el primer día

Guarda capturas de pantalla con fecha, anota cada incidente (día, hora, lugar, testigos), conserva informes médicos o psicológicos, y solicita al centro copias de los partes disciplinarios.

2. Comunica al centro por escrito

Este paso es crítico. La comunicación escrita —burofax, email con acuse de recibo, o registro de entrada— marca el inicio de la responsabilidad del centro. Sin ella, es tu palabra contra la suya. Solicita expresamente la activación del protocolo de acoso y pide copia de las medidas adoptadas.

3. Denuncia ante las autoridades

Vías disponibles, simultáneas y compatibles entre sí:

  • Policía Nacional o Guardia Civil — presencialmente o, en casos de ciberacoso, también online
  • Fiscalía de Menores — la vía más directa cuando el acosador tiene entre 14 y 17 años
  • Juzgado de Guardia — denuncia directa

Teléfonos de apoyo: 024 (conducta suicida), 017 (ciberacoso, INCIBE), 116 111 (Teléfono de la Infancia, ANAR).

4. Entiende el procedimiento según la edad del acosador

Edad del acosador

Vía

Consecuencias posibles

Menos de 14 años

Solo medidas educativas

Reclamación civil a padres y centro

14 a 17 años

Jurisdicción de Menores (LORPM)

Libertad vigilada, tareas socioeducativas, prohibición de aproximación, internamiento

18 años o más

Jurisdicción penal ordinaria

Hasta 2 años de prisión (art. 173.1 CP)

5. Reclama la indemnización

Puedes reclamar dentro del proceso penal o de menores, en vía civil separada contra los padres del acosador (art. 1903 CC) y/o contra el centro educativo (art. 1903.5 CC), o en vía contencioso-administrativa si el centro es público.

El rango real de indemnizaciones en la jurisprudencia reciente va de 1.000 a 20.000 euros, según la duración del acoso, la gravedad y las secuelas psicológicas acreditadas.

En resumen

El bullying tiene nombre legal: trato degradante, acoso, ciberacoso. Tiene consecuencias penales reales. Y tiene responsables civiles que los tribunales españoles están empezando a identificar con claridad: el acosador, sus padres y —cada vez con más frecuencia— el centro educativo que lo ignoró.

Si estás viviendo esta situación, la documentación y la comunicación escrita son tus primeras herramientas. El asesoramiento jurídico, el siguiente paso.

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